El Gobierno de Sánchez ha abandonado a Ceuta, renegando de sus funciones de protección y defensa de la frontera para entregarse a la propaganda, la inacción y el postureo. Un Estado tiene dos funciones principales: proteger a sus habitantes y defender su propiedad y sus derechos.

El Gobierno de España no sólo ha dejado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin capacidad de acción. Esconde el problema sanitario, económico y social, como siempre, acusando a los demás. Echa balones fuera y desvela que su estrategia nunca fue devolver a su país a quienes han invadido Ceuta.

La debilidad que muestra el Gobierno de España ante la invasión migratoria y sus constantes medidas de efecto llamada, que han hecho de la inmigración ilegal un negocio muy lucrativo para muchos, no es incompetencia: es estrategia. Todos saben que entrar ilegalmente en España merece la pena. Sólo exige esperar: serán repartidos por las comunidades autónomas para luego regularizarlos.

La nueva crisis migratoria en Ceuta no es un episodio aislado ni una simple emergencia fronteriza. Es el resultado de un modelo político y económico profundamente irresponsable y dañino. 

Sánchez presume de crecimiento agregado mientras destroza la cohesión, la productividad, la renta real neta por habitante y las instituciones. España no es un ejemplo de crecimiento, integración de la inmigración ni cohesión. Es un espejismo estadístico dopado por el aumento de población y una bomba de relojería fiscal. Ha tenido que llegar una crisis migratoria para que la Unión Europea despierte.

La inmigración ilegal no es una fatalidad ni una receta de crecimiento y sostenimiento de las cuentas públicas; es una estrategia de control y demolición de la nación desde dentro, con el objetivo de crear una subclase dependiente y rehén, comprar votos alterando la demografía y trasladar a las generaciones venideras el enorme coste para el Estado de un aumento de población cuya contribución neta a las cuentas públicas es ampliamente negativa.