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¿Estamos saliendo de la crisis económica española? Entrevista en Rankia

Entrevista en Rankia con motivo de mi presentación en la Universidad Católica de Valencia el 5/4/2014

El pasado sábado 5 de Abril en Valencia, Daniel Lacalle, economista, gestor de fondos y autor de libro “Nosotros los mercados” y “Viaje a la libertad económica“, dio la conferencia “Situación de la economía española ¿es cierta la salida de la crisis?” en la sede de la Universidad Católica de Valencia.
En la charla, se hizo un breve repaso a la actual situación económica que vivimos y aportamos algunas ideas para poder salir de la crisis, pero especialmente Lacalle hizo hincapié en que de la crisis vamos a salir gracias a todos los trabajadores, no por el esfuerzo del Gobierno, ni gracias a la Unión Europea, ni a la política monetaria… sino, gracias a todos nosotros: a los empresarios, a los ciudadanos, a las PYMEs de España que día a día se esfuerzan por reactivar la economía, el consumo y el trabajo en España.
Entrevista a Daniel Lacalle
A continuación os dejamos con la entrevista que Rankia pudo hacerle a Daniel Lacalle sobre la actual situación de la economía española y las soluciones o reformas que nos quedan por llevar a cabo:

1. En la conferencia de hoy reflexionábamos sobre la situación de la economía española, ¿crees que vamos por el buen camino hacia la recuperación económica española?

No estamos saliendo de la crisis, pero incuestionablemente España ha salido de la recesión. La crisis es algo de mayor calado y que tardaremos en recuperarnos de ello porque nos encontramos en un modelo de endeudamiento debido al gasto público y a la construcción y debemos de cambiar este modelo por un modelo europeo de potenciar la economía desde los sectores estratégicos aumentando la productividad.

España puede salir reforzada de esta crisis económica.

2. ¿Es la banca española la gran culpable de la crisis? O bien ¿tenemos los bancos que nos merecemos?

La banca no es la culpable de la crisis, pero tampoco inocente. La banca ha sido un síntoma más de esta crisis, parte del problema, ya que se tomó un nivel de riesgo excesivo.

3. ¿Piensas que con el tiempo los españoles volveremos a cometer los mismos errores?

Por supuesto, todas las sociedades tienen muy corta y muy selectiva. Con el tiempo, cuando nos encontremos en otra burbuja, los españoles pensaremos que esta vez no es como la anterior y volveremos a cometer los mismos errores.
Como ejemplo, Reino Unido que ha sufrido mucho la crisis económica e inmobiliaria, está viendo de nuevo un resurgir del sector inmobiliario y está volviendo a cometer los mismo errores en una nueva burbuja inmobiliaria más agresiva.

4. FMI, Bruselas y Berlín siguen recordando a España que las reformas deben continuar, y muy particularmente en lo relativo al mercado de trabajo. ¿Hacia qué dirección crees que está mirando el Gobierno: España o Europa? ¿Es conveniente realizar una nueva reforma laboral?

La reforma laboral que se llevó a cabo fue positiva, conseguimos flexibilizar las condiciones de trabajo y tener un despido más barato, pero no es suficiente, necesitamos una nueva reforma laboral que permita crear empleo a través de la facilidad de contratación.

5. Se espera que con la próxima reforma fiscal del Gobierno se acelere el crecimiento económico y se cree empleo ¿crees que las medidas propuestas ayudarán a la economía española a respirar?

Ninguna reforma fiscal orientada a subir los impuestos puede ayudar al crecimiento económico y a la creación de empleo, todo lo contrario.

Aumentar las bases imponibles no nos va a llevar a crecer más.

Lo que España necesita es una reforma de la administración pública que actualmente es monstruosamente entorpecedora a la hora de consolidar la recuperación económica. Seguimos teniendo una administración pública extremadamente cara y entorpecedora de la actividad económica, muy burocrática y nada orientada a facilitar las tareas administrativas. ¡Esto hay que cambiarlo ya!

6. Dicen que la Bolsa es un indicador anticipado de la economía. En 2014 estamos viendo un mayor apetito por el riesgo, ¿se reflejará esta mejora en la economía?

La Bolsa es un reflejo de las expectativas de beneficios empresariales y de las expectativas de los costes de capital, no de la economía en general. Actualmente ambas están en perspectivas positivas, esto es positivo y esto es lo que está descontando la bolsa.

7. ¿Hacía donde crees que se van a dirigir los flujo de capitales en 2014? ¿Mercados emergentes o desarrollados? ¿Por qué?

Sin duda alguna, en 2014 los flujos de capitales irán dirigidos a los mercados desarrollados. En los pasados 6 años, los flujos se han dirigido hacia emergentes, en busca de crecimiento y riesgo, pero es momento de cambiar esta dirección ya que las economías emergentes están decreciendo.

 

“Gasto Político”. Extracto de “Viaje a la libertad económica”

ejemplares Viaje

 

Daniel Lacalle, economista, gestor de fondos y colaborador de El Confidencial, propone en su segundo libro, Viaje a la libertad económica. Por qué el gasto esclaviza y la austeridad libera, un viaje alrededor de las principales ideologías que en materia económica y social pergeñan el mundo en el que vivimos. Lacalle propone en el libro una reducción radical del gasto y una bajada inmediata de impuestos, así como eliminar las subvenciones. A continuación, unos extractos del capítulo sobre el gasto político. Lacalle recalca lo desmesurado del despilfarro en España y denuncia el gasto innecesario en infraestructuras, entre otras cuestiones.

Al llegar a España y hablar de políticas liberales, la reacción es furibundamente negativa. Posiblemente, España es el país europeo en el que más se espera del Estado y de “lo público”. Según un estudio comparado llevado a cabo por la Fundación BBVA en diez países occidentales, el porcentaje de españoles que pide a las instituciones públicas amparo y protección es, en promedio, casi 25 puntos más elevado que en el conjunto de los demás países de la Unión Europea.

Un 62% cree que la economía funciona mejor cuando el Estado supervisa su funcionamiento y un 65% afirma que es el Estado el que, en primer lugar y ante todo, tiene la obligación de proteger y ayudar a las personas más necesitadas. Curiosamente, según Demoscopia, más del 60% de la población achaca a “los políticos” los problemas del país. Pero no parece que nos demos cuenta de que entregar tal cantidad de nuestro destino al Estado es precisamente lo que hace que el abuso del Estado sea más fácil y tolerado.

Este gasto político se presenta como algo necesario y útil para empujar la economía de nuestra comunidad o región, por eso no lo consideramos negativo. ¿Cómo va a ser malo tener un aeropuerto en nuestra ciudad o una estación del AVE? El problema es que se desconoce cuánto ha costado, cuánto cuesta y cuánto costará, y a qué hemos renunciadoLa convicción de que son los poderes públicos los que deben velar por los que viven en situación precaria es un claro elemento distintivo de nuestra cultura actual, y no era así en la España que salió de todo tipo de crisis pasadas. Es una característica creada en muy poco tiempo, en menos de dos décadas. La sopa boba. Según datos del Pew Research Center, comparado con Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, España es el país donde una mayor proporción de ciudadanos (67%) llega incluso a considerar más importante que los poderes públicos garanticen que nadie viva desprotegido que garantizar su capacidad personal de organizar, libremente, su propia vida (30%). En Estados Unidos se registra la situación opuesta, donde estos porcentajes son, respectivamente, 35% y 58%.

Así, no es de extrañar que en nuestro viaje mis compatriotas me repitan una y otra vez: “¿Cómo puede crecer una economía sin gasto público? ¿Quién hace los puentes? ¿No gastamos menos que Finlandia? ¿No tenemos menos deuda que Japón? ¿Por qué tenemos que preocuparnos por la deuda y el gasto?”. Por el umbral de saturación de deuda. Es decir, el punto a partir del cual una unidad adicional de endeudamiento no genera un efecto positivo, sino neutral o negativo. Lo comentábamos en el capítulo Estímulos no, gracias. Pero la explicación no es suficientemente convincente, porque agrega todo ese gasto y deuda acumulada y compara peras con manzanas. ¿Es lo mismo gastar 30.000 millones en obras civiles innecesarias o gastarlo en un proyecto que generará recursos superiores al capital invertido? ¿Es lo mismo gastarlo en investigación real, que genere rentabilidad, o sumar funcionarios y administrativos, como hemos visto en Argentina o en España? Bienvenidos al gasto político.

Desde el punto de vista del mal llamado keynesiano (que al pobre John Maynard Keynes no hay que culparle de nuestros excesos), todo gasto es válido porque mueve la actividad económica, es lo que se llama la demanda agregada, y presupone que el efecto positivo en la economía es superior al negativo del despilfarro. No será la primera vez que ustedes oyen a un amigo o conocido decir que “la crisis no es culpa del despilfarro, porque al menos eso crea empleo y actividad económica”. O mi frase favorita, muy típica de los adictos al ladrillo y a la construcción como símbolo de economía real sólo porque es tangible, “si se construye algo, al menos está ahí, ya se le dará uso». Como en muchos de los países en los que se tiende a echar la culpa de todo al extranjero, en España, donde los gastos siempre son “el chocolate del loro” y los problemas siempre los crea algún unicornio extranjero, tendemos a ignorar o perdonar los enormes desvaríos presupuestarios.

La locura de obra civil que arrasó a España, y llegó a suponer junto a la burbuja del ladrillo un 16% del PIB, nos llevó a construir más kilómetros de líneas de alta velocidad que Japón, Francia, Alemania o Italia. A aprobar más de cincuenta aeropuertos con costes desorbitados. Regiones en las que hay tres aeropuertos en un radio de 150 kilómetros, que no sólo son una ruina, sino que fagocitan la recuperación del número de pasajeros de uno a otro. En agosto de 2013 se publicaron las cifras de 10  aeropuertos que no sumaron 1.000 pasajeros en julio de ese año.

Les recomiendo que lean AVE, aeropuertos, autopistas y tranvías: La cleptocracia arruina España. Ciudades de la cultura, del circo, etcétera.

El problema de los que justifican los gastos excesivos es que cualquier ciudadano español que se dé un paseo por su ciudad o alrededores va visitando ejemplos del cheque en blanco en cada rincón de la geografía. Y mientras lo hace, ve que sus hijos nacen con 22.000 euros de deuda y sus amigos o familiares se encuentran en paro o sufriendo recortes. Ése es el legado del despilfarro, que siempre toleramos, pero cuesta mucho.

El gasto anual en televisiones públicas autonómicas es de 1.200 millones. Las televisiones públicas, incluida RTVE, cuestan 187 euros al año a cada familia española, según un informe de Deloitte para UTECA.

Este gasto político se presenta como algo necesario y útil para empujar la economía de nuestra comunidad o región, por eso no lo consideramos negativo. ¿Cómo va a ser malo tener un aeropuerto en nuestra ciudad o una estación del AVE? El problema es que se desconoce cuánto ha costado, cuánto cuesta y cuánto costará, y a qué hemos renunciado en términos de inversiones reales y renta disponible en impuestos para construir obras megalómanas que asustan por su extravagancia a cualquier extranjero que las vea.

Sobre el despilfarro en infraestructuras

Ese desastre se ve ejemplificado en el informe del Tribunal de Cuentas sobre el atroz plan de estímulo llamado Plan E, que muestra que no sólo no se creó empleo, sino que contribuyó a agrandar el agujero económico de España en otros 12.000 millones. Según el Tribunal de Cuentas, cada empleo temporal que se creó costó más de 13.000 euros al mes en obras innecesarias.

Pero el Plan E es un ejemplo muy pequeño. Es mucho más aterrador comprobar que el Tribunal de Cuentas, europeo y nacional, estima que en el coste de las obras públicas licitadas existe una desviación media sobre lo presupuestado cercana al 20%. Nos parece normal leer que un hospital en Toledo, presupuestado en 299 millones, lleva gastados 362 millones con un 34% de la obra ejecutada.

El Puente de Castilla la Mancha, en Talavera de la Reina, es uno de mis hitos burbujeros preferidos. Menos de 90.000 habitantes, pero el segundo puente más alto de Europa, con un coste presupuestado de 60 millones que ha superado los 200 millones de euros y un coste de mantenimiento anual que se va triplicando cada tres años, debido a las inspecciones técnicas que deben realizarse, algunas en Suiza.

Leemos que desde el año 2004 ninguna obra civil se ha terminado dentro de lo presupuestado, o por debajo, y nadie se rasga las vestiduras. El sobrecoste no es problema. Que lo pague otro.

Como tantos otros ejemplos de exceso de gasto, me comentaban una vez: “No es un despilfarro, es un gasto”. Y esa opinión, de que los gastos en elementos tangibles siempre son justificables, persiste aun cuando leemos en informes de la Unión Europea que España gasta 4 veces más que Alemania por kilómetro construido de carretera. El día que se publicó dicho análisis, las respuestas en las redes sociales eran cuando menos pintorescas: “Es por la orografía”. Sin embargo, además de este estudio del Tribunal de Cuentas Europeo se han presentado otros resultados en los que se han eliminado los elementos relativos a la adaptación del trazado al terreno para poder hacer comparables las carreteras de los distintos países a pesar de tener perfiles orográficos muy diferentes. El resultado sigue siendo negativo para España: 160.694 euros cuesta asfaltar 1.000 metros cuadrados, comparado con 87.217 euros que cuesta en Alemania.

¿Qué vamos a decir de las plantillas de funcionarios y trabajadores del Estado? El 22% de los trabajadores españoles son funcionarios.

Sin embargo, el puente o la obra inútil, cuestan, y mucho. No sólo la obra, sino el gasto en mantenimiento. Sólo ocho de los 52 aeropuertos españoles no presentan déficit. Los 44 restantes nos cuestan cientos de millones al año. En 2013, según el BBVA, mantener los aeropuertos cerrados y las infraestructuras de la locura de obra civil tendrá un coste de 720 millones de euros. Sin embargo, siempre que comentamos el abuso de dinero público nos dicen: “¿Y quién hace las carreteras si no?”. Pues bien, en Suecia, como hemos comentado, dos tercios de las carreteras son privadas. Una cifra equivalente en Reino Unido. Pero el gasto político no es sólo obras civiles innecesarias, también es el coste de propaganda para fomentar las ideas que el gobierno de turno busca difundir.

El gasto anual en televisiones públicas autonómicas es de 1.200 millones. Según un informe de Deloitte para UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas), las televisiones públicas, incluida RTVE, cuestan 187 euros al año a cada familia española.

Sobre la sanidad pública

Lo mismo ocurre con el gasto en administración. Cuántas veces hemos oído la frase “el gasto público no se puede recortar porque se destina fundamentalmente a educación y sanidad”, como si esas dos partidas fueran un tótum revolútum donde todo es justificable.

Desde que se transfirieron a las comunidades autónomas, los gastos en sanidad se han duplicado, sin embargo, esa cifra, que a cualquier persona consciente del coste le escandalizaría, se justifica en cuanto se introduce el término “sanidad” o “educación”. Como si no existiese el despilfarro.

La sanidad pública no es gratuita. La pagamos por adelantado en impuestos. Y es esencial profundizar en la transición a un modelo de elección libre, en el que la gestión privada y la pública prueben los beneficios para todos y agilicen y mejoren el servicio compitiendo en calidad. La competencia de la gestión privada pone de manifiesto el despilfarro en aquellas áreas públicas incapaces de utilizar el dinero eficazmente, y viceversa, también pone de manifiesto si el sector público lo hace mejor. Lo importante es que haya una concesión -y retirada- de las licencias por parte del gobierno que sea absolutamente rigurosa. Como comentábamos en Suecia.

Según Eurostat, España gasta en sanidad 1.463 euros por habitante, 631 menos que la media de la eurozona, que se sitúa en 2.094 euros. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud alerta que “entre el 20% y el 40% del gasto sanitario se pierde por la ineficiencia del sistema de salud”. Los principales problemas son el excesivo gasto en fármacos caros, la mala utilización de los sistemas hospitalarios y el exceso de pruebas médicas.

De hecho, el informe bienal de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, elaborado por 56 médicos, defiende que aportar más financiación no es la solución.

La sanidad pública no es gratuita. La pagamos por adelantado en impuestos.

Y es esencial profundizar en la transición a un modelo de elección libre, en el que la gestión privada y la pública prueben los beneficios para todos y agilicen y mejoren el servicio compitiendo en calidad. En 2011, Juan Oliva, editor del informe, comentaba al diario El País que “los servicios sanitarios viven inmersos en la cultura del Despilfarro”. Se da prioridad a la construcción de nuevos hospitales y se abusa del uso de pruebas médicas y nuevas tecnologías -que además no son inocuas- obviando los auténticos determinantes de la salud: las condiciones de vida.

El 17% del coste en farmacia se dedica a medicamentos contra la hipertensión y el colesterol, es decir, casi un 5% del gasto corriente en sanidad, a pesar de que sólo el 40% de la población cumple el tratamiento. Además, en muchos casos son enfermedades prevenibles con buenas políticas de concienciación de la salud pública, a la que España, sin embargo, dedica sólo el 1,3% de su gasto en sanidad.

Este aspecto me parece de una enorme relevancia por la importancia de desagregar y analizar dónde y por qué se gasta mal, no solucionarlo de una manera errónea, dando más fondos. Merece la pena entender que cualquier tipo de asistencia pública no es justificable por definición. Suiza, por ejemplo, rechazó en referéndum, con algo más del 70%de los votos, la creación de un sistema de seguridad social nacional y se decantaron por mantener la situación actual de seguros médicos particulares. Es la segunda ocasión en cuatro años en que los suizos se muestran a favor de un sistema de sanidad privado, con verdadera competencia -87 empresas-, porque el coste es menor y la asistencia, a todos, de mayor calidad. La legislación suiza establece que toda persona, incluidos los recién nacidos, debe contar con un seguro médico, que cubre al individuo, no a la familia. En el caso español, es un modelo perfectamente compatible con una seguridad social pública, e incentiva a ser más eficaces.

Sobre el exceso de funcionarios y asesores

¿Qué vamos a decir de las plantillas de funcionarios y trabajadores del Estado? El 22% de los trabajadores españoles son funcionarios. Durante la crisis, las comunidades autónomas y la administración central han incrementado sus plantillas un 3,7% y un 3,2%, respectivamente. De cada 100 empleados públicos, 51 trabajan para los gobiernos regionales, que sumaban, en enero de 2013, 1.307 343 personas. Las universidades, que cuentan como otro escalón de la administración, suman 148.905 empleados.

Tenemos un gasto en salarios públicos superior a la media de la Unión Europea, pero un número de funcionarios por ciudadano menor (Eurostat). Mucho patrón, poco marinero. Continuamente nos dicen que España tiene menos funcionarios por habitante que Alemania o la media europea. En Alemania hay 13,8 habitantes por empleado público, mientras que en España hay 16,6. Estupendo. ¿Y los asesores externos y las empresas públicas? Añadiendo las dos partidas cambia la cosa.

Los asesores externos suponen otros mil millones anuales. Desde el CSI-F (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) apuntan que existen alrededor de 20.000 cargos elegidos ‘a dedo’.

Las miles de empresas publicas se han utilizado como alfombra de esconder gasto y deuda. Aumentando altos cargos durante la crisis. En 2012 existían alrededor de 4.000 empresas, consorcios y fundaciones. Se han liquidado -o se está en vías de hacerlo- 469 entidades, lo que significa que aún subsisten más de 3.500. Las empresas públicas emplean alrededor de 159.000 personas, 13.700 más que a comienzos de 2008. Si tenemos en cuenta solo las 3.000 empresas publicas dependientes de las tres administraciones, acumulaban una deuda de 55.000 millones en 2012. 

En España hay 2,5 millones de personas trabajando para el sector público, sin contar empleados de empresas públicas. Eso convierte al país en el quinto socio con más funcionarios. Esta cifra sólo es superada por Francia, con 5,2 millones, Alemania con 4,5 millones, Polonia e Italia, 3,4 millones cada una. La masa salarial del personal público le cuesta al Estado 116.087 millones de euros. Una cifra que sigue siendo superior a lo que gastaba en 2007, que era de 107.835 millones.

Mientras, los salarios del sector privado han caído entre un 15%y un 20%. Desde el año 2000, en España el gasto público por habitante ha crecido en un 58,5%, cuando en Alemania lo ha hecho un 17,7%y en la UE27 un 36,2%, lo que lleva a que hoy, en un país con economía cíclica, orientada a servicios y muy necesitada de competitividad, la administración pública le cuesta de media anual a cada español 9.816 euros. En una economía dinámica y sujeta a ciclos muy importantes como la nuestra, eso es un coste fijo simplemente inasumible.

¿Por qué lo aceptamos? Según un estudio del BBVA y la consultora Monster, el 70% de la población quiere un trabajo en la administración. Tenemos que mirarnos al espejo y ver el verdadero problema. Hemos dado a los políticos el poder de decidir como si fueran reyes de pequeños feudos con la esperanza de que algo nos cayera a nosotros, olvidando lo que decía Frédéric Bastiat: “Todo el mundo quiere vivir a expensas del Estado. Se olvidan de que el Estado quiere vivir a expensas de todo el mundo”.

Sobre el derroche en educación

El despilfarro en educación también se justifica siempre. España destina 9.608 dólares al año de gasto público por alumno en la educación pública, un 15% más que la media de los países de la OCDE, que es de 8.382 dólares, y también está por encima de la media de la UE21 (8.348 dólares). El gasto en educación pública en España ha pasado de representar el 1,8% del PIB en 1975 a más del 5% en 2012. Pero a pesar de ello, los resultados educativos dejan mucho que desear, los peores datos del informe PISA comparado con los países de nuestro entorno. La universidad pública española no cuenta con ninguna de ellas entre las mejores del mundo. Es un modelo de réplica y copia. Cada año produce más abogados que Reino Unido y Francia juntos, y multiplica en cada una de las regiones los mismos modelos, carreras… En un país donde hay casi cuatro universidades públicas por cada región, acumulan edificios de campus universitario, cuando la mayoría de los universitarios estudia a menos de 5 kilómetros de su casa.

El gasto en educación pública en España ha pasado de representar el 1,8%del PIB en 1975 a más del 5%en 2012. Pero a pesar de ello, los resultados educativos dejan mucho que desear. No es de extrañar que sume una deuda de 1.398,1 millones de euros; y lo que es curioso, como tantos elementos del gasto excesivo en España, es que la desagregación en 17 comunidades autónomas hace que se esconda la información y no se disponga de cifras totales oficiales, lo que incentiva al gasto excesivo.

Además, la saturación de universitarios, la titulitis, diluye el valor de la educación en el mercado laboral, y genera frustración en generaciones a las que les dicen que “son las más preparadas” y, sin embargo, se encuentran, estupefactos, que no tienen oportunidades. Les hablan de derechos y se encuentran con  el muro de la realidad. No nos damos cuenta de que la hemorragia de títulos inservibles, de aprobados generalizados, sólo genera empleados destinados a cubrir puestos de trabajo de bajo nivel en un mercado laboral rígido e intervenido, donde no se generan prácticamente incentivos para crear empresas y desarrollar la iniciativa individual. La educación debe estar orientada a crear líderes, innovadores, gestores y profesionales que puedan comerse el mundo allá donde vayan. No una fábrica de parados frustrados pensando que se han esforzado mucho para aprobar exámenes.

Igual que la sanidad, la educación pública no es gratuita. Es extremadamente onerosa, carísima, cuando supone que nuestros jóvenes pierdan años en tener un título que no les ha dado experiencia, ni capacidad para abrirse puertas, o directamente no vale para nada porque tienen que pasar otros cuatro años haciendo másteres u  oposiciones, a ver si el currículum vítae sirve de algo.

Mucho deberíamos reflexionar cuando tenemos decenas de universidades públicas y ninguna entre las mejores del mundo, y, sin embargo, nuestras escuelas privadas de negocios, IESE o IE y otras, aparecen año tras año en los rankings de las más valoradas del planeta.

Lograr una administración eficaz, ágil y rigurosa

Abandonar los principios, pensando que escondiendo el problema todo se olvida, ha funcionado a veces, no lo neguemos. Pero se acabó el dinero gratis. Ahora toca demostrar liderazgo, fortaleza y contundencia. Por el bien de todos. El hecho de que queramos una organización estatal no justifica tolerar el abuso del Estado.

Queremos una administración eficaz, ágil y rigurosa. No un ente que busca perpetuar el «bienestar del Estado», no el Estado de bienestar. Es una obligación patriótica criticar el abuso del Estado, los errores que cometemos. Y ofrecer soluciones prácticas, factibles y realistas.

Daniel Lacalle: “Cuando el despilfarro público se incluya en el Código Penal, habrá solución”

J. POMÉS Y J. AYESTARÁN

El economista y gestor de fondos de inversión Daniel Lacalle (Madrid, 1967) comenzó su carrera en gestión de carteras e inversión en el Hedge Fund Citadel en Estados Unidos y Londres. Más tarde, formó parte de Ecofin Limited donde se especializó en renta variable, fija, capital riegos y materias primas. Residente en Londres, durante cinco años consecutivos ha sido seleccionado para el top 3 de los mejores gestores del ranking Exter Survey de Thomson Reuters. Además, es autor de Nosotros, los mercados y Viaje a la Libertad Económica.

 

De abuelo militar y padre militante del Partido Comunista (preso político en la época de Franco), confiesa que desde pequeño, el debate y la discusión profunda nunca faltaron en su casa. Siempre desde el respeto. Eso y haber vivido su juventud en plena década de los ochenta, lo convirtieron quizá en un admirador de aquellos que no se conforman con la norma y que son capaces de salir adelante en las condiciones más adversas. Y, es que, ya se lo decía su abuelo: “Piensa por ti mismo”.

Esta semana ha visitado España para ofrecer una conferencia organizada por el think tank Civismo.

 Haga un diagnóstico: ¿cuál es la situación económica española?

Estamos creciendo: fuera de la recesión, pero todavía en periodo de crisis. En enero, las estimaciones de crecimiento para España eran del 0,6% y ya están por el 1,2%. Es algo positivo, pero eso no quita para que continuemos con problemas estructurales que hay que seguir atacando. Las ineficiencias y los desequilibrios de la economía se mantienen: seguimos con un alto endeudamiento y un grave problema de paro.

 Entonces, ¿se puede hablar de un crecimiento sólido?

Nunca se puede hablar de un crecimiento sólido, sostenible y afianzado cuando se tiene un 26% de paro o un déficit que supera los 65.000 millones de euros.

Tras la Reforma Laboral, la Reforma Administrativa… ¿es necesaria una fiscal? ¿Son las medidas que han propuesto los expertos las que más convienen?’
Hace falta una reforma fiscal, sí. ¿Hace falta esta reforma fiscal?, no. ¿Por qué? Porque lo que esta reforma propone no ataca una parte muy importante: el gasto. No se puede hablar de una reforma integral si solamente se intenta aumentar la recaudación. Una reforma integral tiene que afectar a la estructura completa del Estado. El error de lo que se ha propuesto está en intentar recuperar los ingresos de burbuja inmobiliaria que teníamos en el año 2006-2007. Esto no va a volver. Intentar recaudar de lo que ha quedado de la crisis económica ‘unas cuantas migajas’ más no va a solucionar el problema de un déficit estructural.

¿Qué tipo de sectores deben liderar ese cambio estructural para volver a ser una economía competitiva?

Tenemos que apostar por los sectores y empresas de alto valor añadido. Tenemos tecnología, seguridad, sanidad y una industria turística que no sé por qué tendemos a infravalorar, pero que es un motor absolutamente excelente. No podemos competir en coste en sectores industriales obsoletos y con países asiáticos donde no tenemos ninguna oportunidad.

¿Por qué el Gobierno no termina de apostar por estos sectores? ¿Cuesta tanto abandonar “el ladrillo”?
En ninguna economía del mundo existe un sector que genere ingresos fiscales más rápidos que el de la construcción. Por eso nos ‘encantan’ las burbujas inmobiliarias. El problema del crecimiento basado en la construcción y en la obra civil del Estado es que, cuando explota, resulta muy difícil recuperar esa recaudación. Más que ingresos fiscales, lo que se necesita cambiar es el modelo productivo que, efectivamente, no va a generar 50.000 millones de ingresos ‘de burbuja’ inmediatos, pero sí va a dar lugar a uno más sostenible. España es un país donde por la compraventa de un inmueble se paga hasta un 10% de impuestos. No existe ningún otro sector que directamente genere unos ingresos tan rápidos y tan altos para la Administración, por eso se incentiva el ‘ladrillo’ desde muchas administraciones públicas.

Las pymes sostienen el tejido productivo español, por tanto, están destinadas a liderar ese cambio de modelo estructural. ¿Qué debe hacer el gobierno para fortalecerlas?

El Gobierno no va a modificar el modelo productivo, ni lo va a cambiar un parlamento. El sistema productivo lo va a cambiar la sociedad y las industrias que vayan floreciendo. Lo que hay que hacer es no entorpecerlas con medidas confiscatorias y regulaciones innecesarias y dejar que esas pymes que sostienen el 70% del valor añadido de nuestro país florezcan y crezcan para ser grandes empresas. Somos el país de la Unión Europea donde la conversión de pymes a gran empresa es el más bajo.

¿Ha sido el ciudadano demasiado permisivo con el incremento del intervencionismo del Estado?

Tenemos parte de culpa por pensar que, aumentando el Estado y la burocracia, no pasa nada y que siempre se puede un poquito más. Lo que decía Bastiat: “El que piensa que va a vivir del Estado se olvida de que el Estado vive de ese ciudadano y de los demás”. Cuando tienes una economía cíclica no puedes tener unos costes fijos que superen el 50% de tu cifra de negocio total, que es el problema de cuando el Estado acapara prácticamente el 50% del PIB. Tiene que haber una estructura de Estado facilitadora y que no se autojustifique. Creamos competencias para organismos que no las tienen, simplemente para justificar su existencia.

Incide en que la deuda hay que devolverla. ¿Cómo se puede controlar al Estado y castigar al gobernante cuya gestión no ha sido eficiente?

La manera más fácil es con un sistema judicial que sea agresivo, eficiente y rápido a la hora de castigar. En el instante en el que el despilfarro público entre en el Código Penal como un delito, tendremos el principio de la solución. En el momento en el que los gobernantes que hayan incurrido en ese delito no puedan volver a presentarse a las elecciones o a tener un cargo público se acabó gran parte del problema.

Los bancos también han tenido un papel fundamental en toda la crisis. ¿Fue una decisión acertada rescatar a las cajas públicas?

En ese momento no quedó otra opción. ¿Se tenía que haber hecho? No. El problema fue que, como se negó la crisis, se negó el problema de la banca con la política del Banco de España y del FROB, de las fusiones frías, etc. El intentar esconderlo ha sido un grave error.

Se habla mucho de que Europa debe caminar hacia la unión bancaria. ¿Llegará a ser una realidad?

No podemos pensar en unión bancaria cuando el sector bancario en Europa todavía pesa el 320% del PIB y el índice de morosidad en los buenos bancos es del 6% y en los bancos con más dificultades es del 13%-14%. Es ridículo. Se trata, de nuevo, de riesgo sistémico, de que los bancos españoles se financien con el riesgo de los alemanes o al revés. El problema de este sector en Europa se centra en su sobredimensión. Lo primero que tiene que haber es un análisis profundo de cuál es el sistema financiero que tiene que quedar en Europa, una Europa que no necesita, diez, doce, catorce entidades financieras por país, con un tamaño superior al 100% del PIB de dicho país. Una vez que eso se aclare, hay que ver las entidades que pueden funcionar y pueden ser eficientes en un sistema financiero dimensionado al nivel de lo que la UE quiere ser.

España ha perdido 10 puestos en el índice de libertad económica elaborado por Heritage Foundation y en el informe Ease of Doing Business del Banco Mundial se sitúa en la posición 44. ¿Qué hay que hacer para remontar?

Hemos perdido esos puestos dentro del ranking de libertad económica por las enormes subidas de impuestos y cambios regulatorios reduciendo la seguridad jurídica. Eso se cambia rapidísimamente bajando impuestos, cercenando burocracia y haciendo lo que ha hecho el Reino Unido, que se pueda abrir una empresa en este país por el coste de un Big Mac y dos Coca Colas en un día. Esta solidaridad en la mediocridad que se está imponiendo dentro de la UE no me vale. Me interesa que seamos mejores que los mejores.

Sumarios:
“No hay que poner la atención en recuperar los ingresos fiscales, sino en cambiar el modelo productivo”
 

La Rioja