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España

¿Cómo pagamos las pensiones?

19/07/2014 El Confidencial

“In a Ponzi scheme, when investor growth slows the problem arises. This is exactly the problem that Social Security faces: population growth slows, and now it’s running out of money.” Daniel Inviglio

Hace un par de semanas comentaba en un programa de televisión queEspaña tiene un problema demográfico y que debemos tomar medidas para garantizar las pensiones, tras las noticias de que el Estado ha tenido que utilizar 5.500 millones de euros del Fondo de Reserva en junio.

La reacción fue furibunda, pero la más curiosa fue cuando Pablo Iglesias me dijo que las pensiones son “una decisión política” y como tal se podía -y cito- “poner un impuesto a las grandes fortunas y empresas para pagarlas”.Eso de las “grandes empresas y fortunas” es como el cántaro de la lechera, se usa para justificar cualquier gasto y a correr. Luego, cuando no recaudamos ni una fracción de lo soñado, declaramos la deuda ilegítima, que no pasa nada.

Empecemos por entender que el sistema de pensiones “de reparto” no nos paga la pensión con el dinero que cada uno haya acumulado durante su vida laboral. Los trabajadores actuales pagan las pensiones de los que hoy están jubilados esperando que, cuando ellos se retiren, otros contribuyan a la suya.

Es el “contrato social”. Eso está muy bien si la población activa crece muy por encima de la jubilada… O si creemos en el milagro de los panes y los peces.

EL PROBLEMA ECONÓMICO

El sistema de pensiones es deficitario. Es decir, se recauda menos de lo que se paga. Alrededor de 18.000 millones de “agujero” estimado en 2014.

El secretario de Estado de la Seguridad Social mencionaba recientemente que esperaba que «más pronto que tarde, esa situación de déficit en el sistema de Seguridad Social se reconduzca hacia cifras positivas para el sistema». Sin embargo, las cifras de crecimiento en prestaciones comparado con ingresosseguirán siendo un problema si analizamos las tendencias demográficas del país.

Hay elementos positivos. El aumento de los afiliados a la seguridad social y la caída del paro llevarán a que ese “agujero” se reduzca de manera muy relevante ya en 2015. Sin embargo, no es suficiente generar cierto crecimiento económico y mejorar el desempleo. Aunque unos partidos acusen a otros de llenar o vaciar “la hucha de las pensiones”, todos ignoran un problema obvio de caída de cotizantes a ese sistema en el que cada vez hay más receptores.

EL PROBLEMA DEMOGRÁFICO

Desde 1975, el promedio de edad de la población residente en España ha subido de 33 años a 42. La población española es una de las que más envejece en media de la OCDE. Pero es importante recalcar que el problema demográfico se genera por la caída de la fecundidad y no porque las personas vivan más años, que es una bendición.

El crecimiento vegetativo de la población, es decir, nacimientos menos muertes por cada mil habitantes, ha pasado de 10,5 a 0,8 entre 1975 y 2013, y se estima que será negativo en 2016 (todos los datos son del INE).

La unidad familiar ha perdido un 44% de miembros de media desde los años 70.

El número de nacimientos anuales ha caído desde 669.000 en 1975 a 425.000 en 2013. Así, la población con 65 años o más ha crecido de un 11% a casi un 19%. Unos 100.000 jubilados anuales adicionales desde 2008.

Al ritmo de envejecimiento de la población, es muy difícil que superemos el mínimo de dos asalariados por jubilado para considerar el sistema de pensiones sostenible

España ya supera los 9 millones de jubilados y la población ocupada es de 16,9 millones de personas, pero jamás ha superado los 20,7 millones, así que no es “solo un problema de empleo”. Es decir, al ritmo de envejecimiento de la población, es muy difícil que superemos el mínimo de dos asalariados por jubilado para considerar el sistema de pensiones sostenible… Aunque aumente de manera espectacular el salario medio de los cotizantes.

En Suecia, los salarios medios son un 60%-70% superiores a los de España y tuvieron que modificar su sistema de pensiones a uno mixto (público-privado) ya que el estatal era insostenible. Y en España, las pensiones ya suponen casi 127.500 millones de euros, el 35,9% del presupuesto. 

La reducción del paro hará que las prestaciones por desempleo caigan, pero España se endeuda en unos 65.000 millones anuales, con lo cual la caída del paro no hace “hueco” para cubrir unas pensiones crecientes. Se paga dicha diferencia con deuda.

CÓMO SE SOLUCIONA EL PROBLEMA DEMOGRÁFICO Y EL ECONÓMICO

Por supuesto, nadie defiende que las familias tengan que ser iguales que en 1975 ni que se tenga que penalizar a los jubilados por los cambios demográficos. Pero no se debe engañar a la población sobre la sostenibilidad del sistema desde posturas partidistas.

Por ello, se debe avanzar hacia un sistema dual, de reparto (publico) y de capitalización (aportación privada), donde los jóvenes trabajadores puedan saber a ciencia cierta cuánto están acumulando para su jubilación sin hacer una apuesta suicida a que quede algo en la hucha de las pensiones cuando se retiren.

Se debe avanzar hacia un sistema dual donde los jóvenes trabajadores puedan saber cuánto están acumulando para su jubilación, sin hacer una apuesta suicida a que quede algo en la hucha de las pensiones cuando se retiren

No es una propuesta liberal y anti-social. Es el modelo que se utiliza en Suecia, y que ha garantizado que las pensiones sean sostenibles tras situarse al borde de la quiebra. Así evitamos que el sistema de pensiones sea una apuesta con los ojos vendados a que la población activa crezca cuando nos jubilemos.

Los documentos defensores del sistema de reparto a toda costa, de Attac por ejemplo, muestran cifras que llevan a cualquier país a la quiebra, si la población mayor de 60 años llega al 33,2% en 2040, como ellos mismos estiman. Si el 35,9% del presupuesto se consume en pensiones, con un 19% de jubilados, y España dedica el 45% de su PIB al gasto público, imaginen el peso del Estado y el nivel de impuestos necesario si más de la mitad del presupuesto fuera a pagar pensiones en 2040.

Asumiendo un nivel de paro del 5%, seguiría siendo imposible de financiar. Pero, sobre todo, haría que la probabilidad de que los jóvenes accediesen a una pensión se redujese aún más que hoy.

Intentar sostener el sistema de reparto con mayor gasto y empleo público es simplemente económicamente incoherente

Lo que esconden estos defensores de lo “público” es que las reformas son inevitables. Países como Francia han hecho tres cambios drásticos desde 2003 y casi todos los países de la Unión Europea han reformado sus sistemas de pensiones desde 1996, retrasando la edad de jubilación, por ejemplo.

Intentar sostener el sistema de reparto con mayor gasto y empleo público es simplemente económicamente incoherente. Para “llenar” desde el estado una parte del agujero de las pensiones, el gasto público se tendría que aumentar masivamente (35.000-40.000 millones de euros anuales, piden algunos), disparando el déficit, y con ello, los impuestos, destruyendo consumo e inversión privada. Intentando cubrir un agujero cavando más hondo.

Intentar suplir los ingresos con impuestos confiscatorios hunde la inversión, la actividad económica y el incentivo para crear riqueza y… lleva al sistema público a quebrar. Pretender cubrir el agujero de 2014 de las pensiones con “impuestos a las grandes empresas” es intentar recaudar una cantidad equivalente al… ¡53% de los beneficios de las 7.000 mayores empresas de España!.

La prosperidad y la inmigración son factores esenciales, y positivos, para un sistema de pensiones sostenible. Y ninguna de las dos se consigue con políticas intervencionistas. Dos tercios del crecimiento de la población entre 1975 y 2013 se ha debido a los inmigrantes y sus descendientes. Pero no es suficiente. Si la población mayor de 60 años se acerca a la cifra de 33%-35% que estiman los analistas para 2040, no podemos engañar a los jóvenes diciéndoles que el sistema actual está garantizado, o que se puede financiar sacando del bolsillo de los demás a impuestos.

No olviden que los que hoy prometen jubilaciones de oro para todos con dinero salido de la nada, luego son los que crean hiperinflación o devalúan la moneda y hacen impago… y adiós jubilados

La garantía de que los jóvenes vayan a recibir una pensión y la solución al envejecimiento de la población viene de implementar un modelo mixto público-privado, del crecimiento económico y mejores condiciones para crear riqueza. Sin un crecimiento sostenido y apertura, ningún modelo es sostenible. Sin un modelo mixto, nos vemos abocados a recortes constantes cada cierto tiempo.

No olviden que los que hoy prometen jubilaciones de oro para todos con dinero salido de la nada, luego son los que crean hiperinflación -y las pensiones no valen nada-, o devalúan la moneda y hacen impago… y adiós jubilados.

Es por ello que, cuando planteamos el modelo económico de nuestro país no podemos partir de la base del intervencionismo y la autarquía. Como país sin recursos naturales y con la estructura de población descrita, lo único que va a garantizar nuestras prestaciones sociales es atraer capital, inversión, mejorar la riqueza y entender nuestra pirámide de población, como hizo Suecia.

La injusticia social que supone que alguien que haya trabajado toda su vida para los demás tenga casi asegurado que no cobrará pensión alguna es, simplemente, inaceptable, puesto que condena, de nuevo, a los más jóvenes.

Paro, Pensiones y Liberación Fiscal (La Sexta Noche 6/7/2014)

Mi intervención en La Sexta Noche 6/7/2014

Paro: Las afiliaciones a la seguridad social de Junio (INEM, equivalente a las payrolls) subieron 56.000 hasta los 16,7 millones de afiliados, un cambio interanual del 1,8%. Esta mejora repercute positivamente en la confianza del consumidor, lo que hace subir el consumo y reducir el ahorro en términos marginales); en términos desestacionalizados (Junio es un buen mes estacional por el turismo) se han creado 8.700 puestos de trabajo (Alemania durante el mismo mes ha destruido 9.000); es el décimo mes consecutivo en el que la economía española crea empleo neto. En términos de desempleo, éste baja en 123.000 hasta los 4,5 millones de parados registrados; la creación de empleo es sólida en muchos sectores, destacando servicios, industria y construcción (por segundo mes este sector crea empleo, otro signo de que se puede estar generando un punto de inflexión en la actividad de este sector, que opera bajo mínimos); el desempleo desestacionalizado bajó en 16.000 en Junio, el mejor dato de los últimos diez años; en los últimos 12 meses el desempleo se ha reducido en 313.000 persona. (via Arcano)

Pensiones: El mayor problema de España es la demografía. La unidad familiar ha perdido un 44% de miembros de media desde los años 70. España ya supera los 9 millones de jubilados y la población activa jamas ha superado los 20,5 millones. Las pensiones ya suponen 127.000 millones de euros, el 36% del presupuesto.

Liberación fiscal: (El confidencial 3/7/2014)

El 3 de julio, se celebra el día de la liberación fiscal, es decir, el día a partir del cual un trabajador medio empieza a generar ingresos para sí mismo y no para el Estado. El Think Tank Civismo publica su informe anual que analiza la fiscalidad del trabajo con una cifra francamente alarmante: los trabajadores españoles necesitan 184 días de media para cumplir con sus obligaciones tributarias.

Calcular el número de días que necesitamos trabajar para pagar impuestos es importante porque refleja visualmente, y de una manera inmediata, si el coste del Estado que sostenemos es proporcionado o desproporcionado comparado con los servicios que recibimos y toda la solidaridad que queramos asumir.

De hecho, el cálculo que detalla el informe anual mencionado muestra que en la enorme mayoría de los casos la cifra pagada en impuestos por los trabajadores supera en mucho las estimaciones más generosas de consumo personal de servicios públicos y solidaridad adicional.

El análisis del día de la liberación fiscal es importante porque muestra el nivel de esfuerzo fiscal, que es lo que realmente pagamos en impuestos de nuestro sueldo y que se sitúa en una media del 40,5%, una de las más altas de la OCDE, y no ese ratio recaudatorio que es la manida “presión fiscal” que tanto usan los medios de comunicación, que mide la recaudación sobre PIB.

Este esfuerzo fiscal sigue situando a España por encima de Dinamarca, Reino Unido, Irlanda y Luxemburgo, y sólo por debajo de Finlandia o Suecia, donde el sueldo medio es un 70% superior a la renta de un trabajador español.

Las conclusiones del estudio son extremadamente reveladoras:

Las rentas más altas sufren el mayor esfuerzo fiscal. Un sueldo de 15.500 euros anuales paga impuestos hasta el 16 de junio, uno de 40.000 o 100.000 euros, hasta el 9 y 7 de julio.

España sigue siendo el país de Europa con las cotizaciones a la Seguridad Social más altas (28,3%), sólo por detrás de Italia (33%) y Portugal (34,4%). En Alemania, Francia, Suecia o Bélgica, las cotizaciones fluctúan entre un 16% y el 20%. Este sigue siendo un enorme escollo para la contratación y el empleo.

Por comunidades autónomas, las más penalizadas son Cataluña, Cantabria y Castilla-La Mancha, y las menos afectadas el País Vasco, Navarra y La Rioja, pero, curiosamente, la diferencia en días hasta la liberación fiscal es muy pequeña, unos cuatro o cinco.

Los críticos del análisis del día de la liberación fiscal son muchos, pero acuden a argumentos francamente fáciles de rebatir:

“Asume que el resto del tiempo no se utilizan los servicios del Estado”. Es cuando menos curioso decir esto, ya que en los cálculos más generosos de utilización de los servicios públicos y solidaridad con los desfavorecidos no se llega ni a una fracción de los días dedicados a pagar impuestos.

“Cuenta todos los días de sostener al Estado olvidando los fines de semana y festivos”. Explíquenme qué salario dejan ustedes de cobrar los sábados y domingos y qué gastos del Estado se cortan el viernes por la tarde hasta el lunes.

“Incluye como impuestos pagados por el trabajador a la seguridad social”. Es que es parte del salario. El salario incluyendo todo, impuestos y cotizaciones, es el pago de la productividad marginal del trabajo. El día en que algunos se den cuenta de que las cotizaciones sociales se detraen del salario total del trabajador y no son una donación del empresario, cambiarán muchas cosas.

“Considera al Estado como una carga y no como un servicio”. Es sorprendente en un país donde el gasto público ha aumentado en 132.000 millones de euros desde 2004, se gastan 47.000 millones de euros anuales más que en el máximo de la burbuja inmobiliaria, 2007, y donde se estiman hasta 80.000 millones anuales de gastos duplicados e innecesarios.

“El esfuerzo fiscal es necesario para cubrir el gasto social porque casi todo se invierte en educación y sanidad”. Las cifras tampoco acompañan. El gasto público excluyendo el rescate de las cajas es de 454.000. Todo el gasto social es de unos 198.000 millones. Y no es bajo. El gasto en educación per cápita es superior a la media de la UE y el gasto sanitario per cápita está en línea con la media de la OCDE.

“Llama mantener al Estado a pagar pensiones”. Las pensiones suponen 127.000 millones de euros y el sistema es deficitario, es decir, se paga más de lo que se recibe en aportaciones. Les intentan justificar un sistema “de reparto” en el que las pensiones de hoy no se pagan con las cotizaciones de los jubilados en su día, sino con las aportaciones de los asalariados actuales. El aumento del esfuerzo fiscal no soluciona el mayor problema de España, la demografía. La unidad familiar ha perdido un 44% de miembros de media desde los años 70. España ya supera los 9 millones de jubilados y la población activa jamás ha superado los 20,5 millones. Sólo se pueden financiar atrayendo actividad económica, mejoras de renta disponible, nuevos trabajadores y empresas, no sustrayendo del que queda.

No es un problema de solidaridad, ni de recaudación. Es un problema de gastos inasumibles que no se pueden continuar sosteniendo aumentando la presión recaudatoria sobre la renta disponible.

España, en 2013, excluyendo el rescate financiero, gastó 454.005 millones de euros, es decir, unos 41.000 millones más que en 2008, y recaudó por impuestos 386.250 millones de euros, es decir, 21.000 millones más que en 2009 a pesar de haber visto una caída del 43% en los beneficios empresariales de las 7.300 mayores empresas y una reducción de los salarios y renta disponible superior al 15% (según la fundación BBVA y el IVIE).

Lo que nos muestra el análisis del día de la liberación fiscal es que el país debe empezar a pensar de manera clara que no va a poder sostener un estado hipertrofiado que ha pasado del 39% del PIB al 45% en diez años y unos gastos crecientes a base de impuestos. Se deben buscar reformas, como las que ha llevado a cabo Suecia, por ejemplo, de financiación de servicios desde la actividad privada. El esfuerzo fiscal creciente ataca la renta disponible y cercena las posibilidades de crecimiento económico sostenido.

En 2014 el día de la liberación fiscal es el 3 de julio. Esperemos que en 2015 sea algún día antes. Ya comentábamos aquí que la reforma fiscal debe ser mucho más ambiciosa.

Debemos cortar el círculo vicioso de sostener el PIB con gasto público superfluo para endeudarnos en 65.000 millones de euros –o más– anuales, caer en la recesión y financiar el aumento del peso del Estado con aumentos de impuestos a los contribuyentes que sobreviven a la crisis. Como contrapartida, España puede entrar en el círculo virtuoso de atraer capital y crear nuevas empresas, mejorar la renta disponible y el consumo, y generar crecimiento económico.

El cuento de las SICAV

«Taxing wealth generates a slower economy and higher government spend. It’s the basic recipe for stagflation». John Carney

Los políticos tienden a crearse sus propios infiernos. Al demonizar de manera demagógica a las sicav y los mal llamados paraísos fiscales se han disparado a sí mismos en el pie (lean Diez mitos sobre los paraísos fiscales). Todo por distraer la atención echando balones fuera ante el problema de impuestos excesivos y de despilfarro publico.

Empecemos por aclarar…

¿Qué es una sicav?

Una sociedad de inversión colectiva donde un grupo de inversores (100 o más) se reúnen para invertir en activos, tradicionalmente a muy largo plazo. Por ello se exige un capital mínimo.

La sicav es uno de los instrumentos de inversión más populares de Europa, y es igual que tantos fondos –mutual funds– similares. España no es el pais donde más hay ni más dinero gestionan. Los mayores centros de sicav de Europa continental son Luxemburgo, Francia e Italia.

¿Tributan al 1%?

Tienen el mismo régimen que cualquier fondo de inversión. Tributan al 1% y un 21-27% sobre beneficios y dividendos cuando el inversor retira su dinero. La ganancia de capital tributa igual que la de cualquier inversor.

¿Son solamente para ricos?

Cualquier persona puede invertir en una de las 3.400 sicav. Como en cualquier fondo del mundo, existen requisitos de capital mínimo. Para ahorradores con cantidades pequeñas, pueden suscribir cualquiera de los centenares de fondos específicos que invierten en sicav comercializados por bancos y casas de inversión.

¿Es fraude fiscal?

No. Es un instrumento legal y legitimo reconocido en todo el mundo.

No es una forma para que las «grandes fortunas eviten al fisco». En España existen unas 3.400 sicav, con unos activos bajo gestión de unos 27.000 millones de euros según la CNMV, y la mayoría de partícipes son profesionales de clase media, según el regulador.

Decir que las sicav esconden una familia o grupo familiar y 100 inversores «falsos» que no tienen oficio ni beneficio y que, por tanto, se usan «para defraudar’ es un error enorme. Es como decir que los inversores que ponen dinero en Berkshire, SAC, Soros, Paulson o Citadel son «falsos» inversores que esconden el fraude de Warren Buffett, Steve Cohen, George Soros, John Paulson o Ken Griffin, ya que una enorme parte de sus fondos de inversión proviene de la fortuna de estos gestores.

El inversor minoritario en una sicav participa de la filosofía y estrategia que propone el gestor, y toma riesgo con él y los partícipes. Llamarlos «mariachis» o «comparsas» que esconden a una familia millonaria es, cuando menos, ignorar los conceptos de inversor minoritario, gestor y estrategia. Mi amigo Francisco de la Torre dice que se usan para la gestión individual de carteras de grandes patrimonios. ¿Si yo invierto unos ahorros en el fondo de Buffett o Paulson soy un «mariachi» porque ellos tengan su patrimonio en el fondo y yo una fracción infinitesimal de esa cifra? No.

¿Los ricos las usan para evadir?

Esas sicav de familias de apellido ilustre a las que atacamos tan frivolamente tienen enormes inversiones fundamentalmente en empresas industriales, constructoras y energéticas españolas, además de bonos. Inversiones a muy largo plazo.

Esas familias y las empresas en las que invierten pagan centenares de millones de impuestos. El beneficio para el Estado de su capital es mucho mayor que rascar unos impuestos adicionales. Reino Unido lo sabe bien.

Que inviertan en España es importante, que además inviertan fuera, si lo desean, es esencial para seguir atrayendo capital y fortalecer lazos empresariales y financieros globales.

Esas inversiones, además, las llevarían a cabo, con la misma tributación, si en vez de sicav usasen fondos tradicionales o hedge funds.

¿Se recaudarían miles de millones si tributaran de otra manera?

El efecto recaudatorio sería imperceptible.

No existe un solo caso de aumento de ingresos fiscales relevante por cambio de tributación de un tipo de sociedades de inversión. Ninguno. Solo se provoca que ese capital, en vez de domiciliarse en sociedades españolas, se vaya a Luxemburgo, EEUU, Singapur, Reino Unido … O Francia, donde tiene usted sicav hasta de sindicatos de granjeros.

Cuando se ataca a las sicav, o a cualquier fondo de inversiones, sea hedge fund o institucional, se alude a una especie de «ejemplaridad» o «justicia» más que al cuestionable ingreso fiscal adicional. La ejemplaridad o justicia no están en penalizar el ahorro y la inversión para sostener estados hipertrofiados, sino en no atacar al resto de los ciudadanos. No es que las sicav sean malas, es que, como dice Juan Rallo, debemos tener una sicav todos.

Pues bien, como no podía ser de otra manera, ha saltado el innecesario y estéril «escándalo» en la sicav de los europarlamentarios en Luxemburgo. No me negarán que hay una cierta justicia poética en todo esto.

Mira que lo he advertido en todo tipo de debates. Ojo con la demagogia, que el mayor «paraíso fiscal» de la OCDE es Bruselas, donde los europarlamentarios y las agencias de la UE tributan entre el 8 y el 1%. Ni en Caimán se encuentran esos tipos.

En realidad el debate no es si los ricos o europarlamentarios -viene a ser lo mismo- tributan poco por sus rentas de capital mientras los demás pagamos mucho. Primero, porque como explicaba antes, es falso. Es que los ciudadanos no deberían tributar por el fruto de su ahorro y riesgo.

El impuesto sobre la riqueza es injusto y sobre todo, inútil, como decíamos en mi post Piketty se equivoca. La imposición sobre el ahorro es, por definición, una doble imposición al atacar el fruto de la inversión hecha tras pagar impuestos directos, indirectos, patrimonio, bienes inmuebles, regionales, verdes y de todo tipo.

Exigir, ademas, un pedazo de tu esfuerzo inversor, por supuesto asumiendo que siempre ganas, es otra transferencia de renta de los sectores productivos a los parasitarios.

Al transferir renta del ahorro hacia el gasto administrativo y clientelar se provoca estanflación -estancamiento económico con inflación-. Desincentiva la inversión, mientras el estado fagocita una mayor proporción de la economía y sube los precios artificialmente. Así, la velocidad de circulación del dinero, que mide la actividad económica, se desploma. En Japón acaban de conseguir el «exitazo» de subir la inflación gracias a la subida de impuestos y las tarifas eléctricas. El consumo ha caido un 8% y los salarios reales a nivel de 2001.

Y no, no se usa para pagar «sanidad y educación», la demagógica coletilla del momento. Se detrae capital que precisamente es lo que necesitamos para sostener esos servicios. No deberíamos tener 27.000 millones de nada en sicav, sino tener 10 o 20 veces más invirtiendo en empresas y bonos españoles.

El fraude fiscal hay que combatirlo, pero no ayuda al debate engañar a la población llamando «fraude» a lo que es totalmente legal. Ni tampoco ayudan los cuentos de la lechera de supuestos ingresos millonarios perdidos que nunca aparecen. Que nadie les diga que va a recaudar decenas de miles de millones atacando el «fraude» cuando jamás se han conseguido cifras remotamente similares. Ningún país ha aflorado jamás una cantidad siquiera cercana al 2% de su déficit anual (datos Banco Mundial). Decir que se va a recaudar el equivalente al 50% es ciencia ficción. Y no soluciona nada en cualquier caso.

La crisis y el déficit se atacan atrayendo capital, no detrayendo, y promoviendo el crecimiento económico. Lo demás son cuentos.

La Reforma Fiscal que España necesita

Escuche mi intervención en Intereconomía aquí 

22/6/2014 El Confidencial

«For a nation to try to tax itself into prosperity is like a man standing in a bucket and trying to lift himself up by the handle». (Winston Churchill)

Una reforma fiscal debe estar orientada a conseguir los siguientes objetivos:

– Mejorar la renta disponible de las personas, para apoyar el consumo.

– Apoyar el crecimiento económico, para generar mejores ingresos fiscales futuros.

Es decir, olvidar el objetivo recaudatorio cortoplacista del Sheriff de Nottingham arrancando monedas al que sobrevive y apostar por el crecimiento y una mayor calidad y sostenibilidad de ingresos fiscales.

Todas las reformas fiscales que olvidan esos objetivos fracasan.

Las líneas generales de la reforma planteada por el Gobierno el viernes recuperan esos objetivos tras el fallido intento de subir impuestos que exigía el aparato, la izquierda, Bruselas y los aristócratas del gasto público. Tras subirlos todos, los ingresos solo mejoraron en 3.664 millones de euros.

Aprender de los errores y recuperar los principios tradicionales de bajos impuestos y crecimiento es un paso adelante, y no puede más que valorarse positivamente. Pero hace falta más.

La reforma fiscal debe plantearse también como una mejora de renta disponible y lanzadera de crecimiento desde el recorte del gasto. La sociedad española no saldrá de la resaca del exceso de obra civil e inmobiliaria hasta que no pinche las superestructura de gasto que se creó al calor de dicho exceso, un aumento del gasto público de casi el 50% en cuatro años. Seguimos siendo uno de los países con mayor gasto político innecesario, entre subvenciones (10.000 millones anuales), administraciones duplicadas (22.000 millones anuales) e ineficiencias (miles de empresas y observatorios públicos con más de 40.000 millones de euros de deuda) y todo ese gasto político que comentábamos aquí (https://www.dlacalle.com/extractos-de-viaje-a-la-libertad-economica/ ).

Plantear que la reducción de impuestos es imposible y no atacar ese enorme despilfarro o, lo que es peor, justificarlo, es un insulto a las familias y empresas que trabajan duramente para llegar a fin de mes. Porque es el dinero de todos lo que estamos tirando.

Los recortes fiscales expansivos son importantes, y los que dicen que nunca se ha aumentado ingresos bajando impuestos, además de despreciar el esfuerzo de los trabajadores y analizar desde una perspectiva recaudatoria cortoplacista, mienten (leanhttp://www.forbes.com/sites/mikepatton/2012/10/15/do-tax-cuts-increase-government-revenue/). Rusia, EEUU, Singapur, Reino Unido, Suecia, Chile o Uruguay vieron aumentos de ingresos con bajadas de impuestos. En Reino Unido, 24.000 millones de libras de aumento con la bajada del tipo marginal. La evidencia empírica, sobre todo del impacto negativo de las subidas de impuestos, se encuentra en decenas de trabajos científicos (1).

Es curioso que los que se pasan el día diciendo que hay que imitar a Obama rechacen de plano una reforma que va en un sentido similar a la estructura de EEUU. Ojala les leyera pedir la fiscalidad de EEUU. Vean el grafico.

Es por ello que la medida anunciada el viernes debe valorarse de manera positiva, ya que revierte la subida del IRPF de 2011, apoya a las familias numerosas, las más castigadas en casi todas las reformas desde 1979, ymejora la fiscalidad de empresas para facilitar la contratación.

Una reforma fiscal confiscatoria, como la que plantean algunos, que buscase recuperar ingresos extraordinarios creados por la burbuja inmobiliaria, es suicida. Recordemos que suponía casi 50.000 millones de euros anuales excepcionales para las arcas del estado. Intentar recuperar esos ingresos con lo que ha sobrevivido del colapso burbujero es imprudente.

Intentar apostarlo todo a la lucha contra el fraude, que es necesaria, parte de las estimaciones optimistas de cuento de la lechera que comentábamos en mi artículo «PIB, fraude y las estimaciones peligrosas» (https://www.dlacalle.com/pib-fraude-fiscal-y-las-estimaciones-peligrosas/ ). Estimaciones optimistas de ingresos futuros para justificar gastos muy reales y concretos hoy. Suicida.

Mejorar renta disponible y facilitar la contratación. No excepcional, ni ideal, pero merece valorarse. La reforma fiscal planteada por el Gobierno el pasado viernes tiene varios puntos positivos, como hemos comentado, y varios interrogantes.

– Es tímida, al plantearse en dos años. Algunos atribuyen objetivos electoralistas. No lo sé, pero no está mal que alguien haga electoralismo bajando impuestos y no tirando de la chequera para hacer otra ciudad del circo.

– El impacto negativo de la eliminación de deducciones en la inversión de las empresas debe analizarse en detalle.

– Supone, según primeras estimaciones, una subida a algunos ciudadanos en algunos tramos. Aunque en media se percibe un impacto positivo en general, se debe aclarar este punto. Lean el excelente análisis de Eduardo Segovia (http://www.elconfidencial.com/economia/2014-06-21/los-que-ganan-entre-33-000-y-35-000-euros-veran-como-su-tipo-marginal-baja-10-puntos_150187/ ).

Sin embargo, y con todo, tras estas medidas España seguirá siendo uno de los países con mayor esfuerzo fiscal de la OCDE, casi el 40%.

Lo llevamos comentando desde hace años, la reforma fiscal que España necesita debe ser ambiciosa y valiente, empezando por:

– Bajar más los impuestos a empresas y familias. Rebajar cuotas a autónomos, de una manera clara y que haga a estas personas valorar positivamente la decisión de montar su negocio independiente. Algo se comenta en esta noticia de El Confidencialhttp://www.elconfidencial.com/espana/2014-06-21/rajoy-pide-colaboracion-para-incorporar-a-la-reforma-fiscal-cosas-que-sean-razonables_150320/), veremos si es correcto. Un régimen de autónomos donde se pague una cuota mucho menor, en línea con los países de nuestro entorno  -a todos, no solamente los jóvenes- y se deduzcan impuestos si se crea empleo estable. Unentorno impositivo atractivo y bajo, tanto a nivel corporativo como personal, predecible a largo plazo, es esencial para ayudar al país a recuperarse.

– Apoyo fiscal a PyMes. La tarifa plana es una buena medida para mejorar la transición a gran empresa. En España, el 70% del valor añadido y el empleo lo crean las pequeñas y medianas empresas, pero la transición a gran empresa es una de las más bajas de Europa. España es el país de la UE donde es más caro establecerse después de Francia y esto, añadido a la burocracia, hace que sea aún muy laborioso crear puestos de trabajo (en Reino Unido se tarda un día en crear una empresa). En vez de penalizar con más regulación y coste, facilitar la transición eliminando trabas, no “suavizándolas”.

El informe “Doing Business” del Banco Mundial sitúa a España en puestos muy inferiores a países de su entorno en cuanto a facilidad para crear una empresa. Según Morgan Stanley (“adopting Anglosaxon flexibility could boost GDP by 15% in the long run”), España se beneficiaria de un entorno menos asfixiante y restrictivo, con una regulación eficaz, no confiscatoria. Utilizar nuestro capital humano, que hoy está desaprovechado en funciones burocráticas, para facilitar y asesorar a las empresas a crear valor, con un sistema de remuneración basado en beneficios generados, no en papeles acumulados.

Invertir en España se percibe como un ejercicio tedioso y complejo que necesita de favores de los políticos locales. Debemos convertir estas estructuras en “facilitadoras” en vez de “obstructoras”. Disminuir drásticamente las barreras de entrada eliminando limitaciones proteccionistas.

Lo comentaba el viernes con mis seguidores en Twitter, la reforma fiscal ideal es reducir el esfuerzo fiscal a niveles pre-2004. Leo a demasiados “expertos” que quieren un esfuerzo fiscal aún mayor al actual, a pesar de que jamás ha funcionado para relanzar la economía.

El déficit no se reduce confiscando, se reduce con crecimiento económico, prosperidad y prudencia presupuestaria.

Los ingresos fiscales mejorarían aumentando el porcentaje de rentas altas. Igualando a la baja no se recauda. Ninguna sociedad ha mejorado ingresos fiscales redistribuyendo la miseria, sino aumentando las oportunidades para prosperar y enriquecerse

En definitiva, tenemos que crear un país “España 2.0” donde se maximicen las posibilidades de que las familias y empresas prosperen. No repartir la miseria. La solución no es ir bajando la definición de rico hasta que no quede ninguno, sino permitir que se enriquezca el mayor porcentaje posible de la población. Tenemos que crear cultura emprendedora, aprender y no demonizar el fracaso, olvidar la envidia, premiar el esfuerzo y el éxito.

Si España va a crecer un 1,4% PIB, no va a gastar más y se ahorra 0,5% en coste de deuda, una rebaja fiscal de 0,9% es mucho más que posible. Es urgente.

La reforma fiscal no es la panacea, es un mero instrumento. Necesitamos la reforma integral de la economía nacional. El crecimiento y la riqueza son los objetivos a perseguir. Hace falta mucho más… Y España puede conseguirlo.

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Cuadro inferior cortesía de El País:

reforma fiscal

Referencia Bibliográfica:

(1) Norman Gemmell, Richard Kneller, & Ismael Sanz, The Timing and Persistence of Fiscal Policy Impacts on Growth: Evidence from OECD Countries, 121 Economic Journal F33-F58 (2011). 17 OECD countries (Early 1970s to 2004). Taxes on income and profit are most damaging to economic growth over the long run, followed by deficits, and then consumption taxes.

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